Los licenciados Mary Grady Walsh y Roberto J. Torres Antommattei abordaron el tema de la impericia médica y sus retos que enfrenta tanto en la corte federal como estatal. Esto fue parte del sexto simposio de derecho de salud que celebró recientemente la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR).
Se ha alcanzado un valioso consenso en el sector legal: los daños punitivos incorporados en el Código Civil sólo conducen a encarecer los servicios de salud en la Isla, promover el éxodo de médicos, aumentar el costo de los litigios y no cumplen ningún fin público significativo. Es importante recordar que la junta de licenciamiento tiene la autoridad para revocar la licencia de un médico en casos de crasa impericia.
Seguido, se presentó la conferencia magistral a cargo del doctor Brian Anderson, presidente y principal oficial ejecutivo de la Coalición para la Inteligencia Artificial en Salud (CHAI, por sus siglas en inglés). En su primera aparición como orador en Puerto Rico reveló los riesgos inherentes de la IA ante la falta de uniformidad en la mediación de satisfacción y precisión de las agencias reguladoras de los programas que tienen algún elemento de IA.
Tan reciente como el pasado 26 de junio, CHAI publicó un marco provisional para la inteligencia artificial en salud responsable con una invitación para revisión y comentarios públicos. El marco, que consta de una Guía de Estándares de Aseguramiento, proporciona consideraciones para garantizar que se cumplan los estándares en la implementación de la inteligencia artificial en la atención médica. Este marco provisional fue creado con un enfoque basado en consenso, aprovechando la experiencia y el conocimiento de múltiples partes interesadas diversas de todo el ecosistema de la salud.
Un conjunto de documentos complementarios preliminares, llamados Listas de Verificación de Informes de Aseguramiento, proporciona criterios para evaluar los estándares a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde la identificación de un caso de uso y el desarrollo de un producto hasta la implementación y monitoreo.
Acto seguido y con un salón lleno a capacidad previo a cerrar la sesión de la mañana, el licenciado Carlos A. Santiago Rosario cubrió el tema de los esfuerzos legislativos de la AHPR a nivel federal y local. En esencia, el licenciado indicó que la Asociación cuenta con un comité legislativo cuyo propósito principal es presentar propuestas, reaccionar a las propuestas de leyes y ayudar a la industria de la salud en el análisis e interpretación de las aprobadas. Además, enfatizó que, tanto a nivel local como federal, la Asociación tiene varias iniciativas que se concentran en lograr el financiamiento adecuado de los servicios que se proveen en la isla. Manifestó que, aunque una legislación pueda ser muy loable en su contenido, si no viene acompañada de una fuente de financiamiento, o no tiene un impacto en el sector, será muy difícil su implementación. Actualmente están pendientes a varias reglas propuestas que acaban de salir como ‘Hospital Outpatient Rule’, ‘Ambulatory Surgical Center Proposed Rule’ y el ‘IPPS Proposed Rule’ para 2025 y las ya finales para el 2025 sobre ‘Skilled Nursing, Rehabilitation and Psychiatric Facilities’.
Luego de un receso, la audiencia se presentó completa para el bloque de temas de la tarde. El agente José Luis Soto, de la Oficina del Inspector General de Investigaciones de Puerto Rico e Islas Vírgenes a cargo del Departamento de Salud y la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la unidad de Control de Fraude contra Medicaid, del Departamento de Justicia de Puerto Rico, abordaron temas como la prevención del fraude, cómo se llevan a cabo las investigaciones y cómo evitar ser objeto de encausamiento por no cooperar o destruir evidencia. También discutieron la jurisdicción de estas dependencias y el Departamento de Justicia para encausar a médicos, hospitales o entidades de salud que cometen el fraude o el abuso. Por último, ofrecieron varios ejemplos de casos investigados y acusados en Puerto Rico.
Ambos ofrecieron una magistral charla sobre las actualizaciones de las leyes laborales en Puerto Rico y a nivel federal que impactan la industria, además de brindar ejemplos valiosos para los abogados presentes.
Le siguió un panel de distinguidos abogados, y ejecutivos de hospitales expertos en el tema de educación médica graduada quienes ofrecieron una historia y actualización del tema a cargo de la licenciada Coral M. Rivera Torres, de Servicios de Salud Episcopales Inc.; Belinda L. Toro, directora ejecutiva del Hospital Doctors’ Center; la licenciada Moraima Torres Toro, asesora legal del Hospital Damas y el licenciado José Escobar, director de Asuntos Legales del Sistema de Salud Menonita.
Realizaron una destacada presentación sobre la importancia de la política pública detrás de los centros médicos académicos regionales ‘Ley 136 de 2006’ así como convocaron al Gobierno a seguir incentivando al sector privado para forjar alianzas con los CEMAR’s y fortalecer los programas de Residencias e internados así cómo ayudar a la financiación de estos programas.
Por último, la licenciada Miglisa L. Capó-Suria, directora del departamento legal de Metro Pavía, discutió el tema de Bioética, e invitó a los presentes a explorar los procesos actuales que atienden los hospitales en asuntos de Bioética y a profundizar en el estudio de sus principios fundamentales para el beneficio de los pacientes y su toma de decisiones.
El simposio estuvo a cargo de la licenciada Marie Carmen Muntaner, asesora legal de la AHPR, en colaboración con Nitzandra Medina, directora de Educación de la AHPR y el licenciado Pedro González.
