Calce: Pablo José Hernández, comisionado residente.
Al señalar que el tema de la salud trasciende partidos políticos, siendo un asunto con rostro humano, el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, reafirmó su compromiso y alianza con el sector de la salud y el pueblo de Puerto Rico en la lucha por un sistema de salud digno, justo y fuerte.
Durante su participación durante la Convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), el comisionado destacó la compleja situación del sistema de salud de la isla, fuertemente influenciada por la política federal de Estados Unidos, los recortes presupuestarios, la necesidad de inversión en infraestructura y la retención de profesionales.
Afirmó que aboga por la igualdad de trato en los programas federales de salud y enfatizó la importancia de la adaptación tecnológica, especialmente la inteligencia artificial, para el futuro del sector sanitario puertorriqueño.
Sobre los recortes congresionales y otra legislación federal con impacto en la Isla, mencionó los recortes de aproximadamente un billón de dólares a Medicaid y SNAP a nivel nacional, disfrazados con requisitos de trabajo y medidas antifraude. Indicó que, aunque Puerto Rico no fue directamente afectado por estos recortes en el PAN y Medicaid, la acción envía una señal preocupante sobre la actitud del Congreso hacia el financiamiento de Medicaid, que podría repercutir en la isla a corto, mediano y largo plazo.
Las otras decisiones del Congreso con impacto negativo que mencionó incluyen la eliminación de incentivos para energía renovable, afectando la capacidad de los hospitales para instalar paneles solares y reducir costos; los cambios en la fórmula de zonas de oportunidad económica, desincentivando la inversión en manufactura farmacéutica y dispositivos médicos; y la alteración de programas de préstamos estudiantiles y becas, resultando en menos estudiantes de Medicina.
Se refirió además a los recortes en el financiamiento del NIH para investigación biomédica y estudios de enfermedades crónicas, afectando la ciencia y la Medicina en Puerto Rico; y aquellos a las ‘Hispanic Serving Institutions’ (todas las universidades de la isla), lo que dijo, agravará la escasez de médicos.
Sobre su agenda legislativa y prioridades, el comisionado enumeró la legislación presentada o próxima a presentarse, entre las que destacó el ‘Medicare Advantage Integrity Act’ que busca garantizar una tarifa mínima de reembolso en Puerto Rico y aseguraría que, al menos el 50 % de cualquier aumento, se destine a servicios médicos esenciales.
Otro proyecto que mencionó fue el ‘Puerto Rico Substance Use and Health Data Collection Act’ para incluir a la isla en la recopilación de datos sobre el abuso de sustancias controladas.
Propone también la extensión del Seguro Social suplementario para personas con discapacidades; proyectos para autorizar y preservar el acceso a la telemedicina bajo Medicare; y para aumentar las plazas de Residencia médica financiadas por Medicare.
Entre sus esfuerzos continuos incluyó la protección de la investigación biomédica del NIH, la mejora del cuidado a largo plazo de adultos mayores y personas con discapacidad; y cartas al secretario de Salud y CMS para corregir las disparidades de Medicaid. Afirmó que estas propuestas están logrando apoyo bipartidista creciente.
En la sesión de preguntas se expresó sobre la garantía de fondos para hospitales y sostuvo que el gobierno local y la Legislatura son esenciales para manejar los ‘block grants’ federales y definir políticas públicas que aseguren una distribución justa.
Informó que su Oficina de Comisionado se apoya en grupos de interés tales como la AHPR, y los colegios médicos para entender las necesidades y riesgos en la elaboración de políticas.
