Robert Mujica, Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal.
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Calce: Robert Mujica, Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Miles de millones de dólares en fondos de Medicaid expiran en 2027. Este es un desafío exclusivo de Puerto Rico, y probablemente no sabremos por mucho tiempo si el Congreso volverá a respaldar el nivel actual de financiación de Medicaid”, advirtió Robert Mujica, Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), durante la Convención 2025 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR).

En un potente mensaje donde abundó sobre este tema crucial tanto para pacientes que dependen de este programa para su cubierta médica como para la industria de la salud, recordó que, siendo la atención médica uno de los mayores gastos anuales del Estado Libre Asociado, Puerto Rico necesita estar preparado y trabajar junto al Gobierno para asegurar que el Congreso comprenda las implicaciones que tendría para Puerto Rico un abismo fiscal del programa Medicaid.

Comentó que, antes de poder definir un plan que ayude a garantizar atención médica adecuada, urge analizar el estado actual del sistema de salud de Puerto Rico. Por eso, recordó, la Junta encargó un informe independiente al respecto: el ‘Estudio de la Fuerza Laboral en la Industria de la Salud’.

Comisionado por la JSF en el 2024, este análisis encontró, entre varios hallazgos, una marcada escasez de especialistas de salud, con un déficit de más de 1,200, así como falta de otros profesionales de la salud, como personal de Enfermería, técnicos, expertos en facturación e informática, entre otros, dentro de una población cada vez más enferma y con una diversidad de condiciones crónicas. En este análisis realizado por FTI Consulting también se encontraron ineficiencias administrativas que impactan a la fuerza laboral con más carga de trabajo, entre otras consecuencias.

“Lo que reveló el informe fue, en muchos aspectos, sorprendente, aunque no debería serlo. No es tan sencillo como decir que no tenemos suficientes médicos y enfermeras, y que, si implementamos incentivos fiscales para los médicos, el problema se resuelve. Existe un grave desajuste entre la oferta y la demanda de personal en múltiples sectores de la atención médica. Claramente, el informe señala áreas donde hay escasez”, recordó.

No obstante, advirtió que también se identificaron otras áreas con profesionales de ciertos campos atendiendo a relativamente pocos pacientes. Como ejemplo, mencionó que el estudio no detectó escasez de profesionales de atención primaria, en general, aunque sí de geriatras y asistentes médicos, con carencias marcadas según la ubicación geográfica.

“En Puerto Rico existen leyes y regulaciones que limitan la fuerza laboral del sector salud y el acceso a la atención médica, normas que no existen en otras partes del país. Por ejemplo, los asistentes médicos, junto con los enfermeros practicantes, desempeñan un papel fundamental en la prestación de atención primaria en Estados Unidos. Sin embargo, la profesión de asistente médico no fue reconocida legalmente en Puerto Rico hasta 2017. Puerto Rico también sufre una importante escasez de personal de apoyo esencial para la salud, como fisioterapeutas y casi todas las categorías de proveedores de atención especializada”, manifestó.

Entre las posibles recomendaciones, Mujica señaló la Telemedicina para llenar la brecha del acceso limitado a la atención médica en zonas rurales. Recordó la alta concentración de médicos en la región metropolitana y advirtió que Arecibo y Caguas urgen de más endocrinólogos. Comentó que el Gobierno y la JSF siguen trabajando en aumentar las plazas de residencias médicas para mejorar la calidad de ciertos programas de formación, centrados en las especialidades y áreas geográficas donde más se necesiten.

Agregó que ambos colaboran en la búsqueda de información de médicos actualmente en el exterior para explorar oportunidades que ayuden a facilitar su regreso. “Cualquier incentivo dirigido a áreas prioritarias provendría del presupuesto del Gobierno; estos programas deben diseñarse cuidadosamente para garantizar su responsabilidad fiscal”, puntualizó.

Con la creación de ‘Centros de Excelencia’, dijo, se busca un manejo más eficiente de las enfermedades crónicas y el programa Medicaid. Un proyecto piloto pondrá a prueba este modelo antes de extenderlo por el país, anticipó durante la Convención 2025.

Una reforma que cuenta con el aval de la JSF es el nuevo modelo de pago basado en Grupos Relacionados con el Diagnóstico Ajustados por Severidad (APR-DRG), implantado por la Administración de Seguros de Salud (ASES) en enero 2026. Esta y otras reformas, afirmó, serán importantes ante los desafíos de financiación de la atención médica que Puerto Rico enfrenta en los próximos años.

A modo de repaso, Mujica reconoció la importancia del Plan Vital para Puerto Rico, con una cobertura de más de un millón de personas y financiado principalmente con fondos federales.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, en octubre de 2027, el límite máximo de financiación anual federal de Medicaid para Puerto Rico se reducirá de $4,000 millones a los $500 millones establecidos por ley. Además, el porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) disminuiría de su tasa actual del 76 % al mínimo legal del 55 % para la mayoría de los beneficiarios. Suponiendo que no haya cambios en los requisitos de elegibilidad del programa, esto aumentaría la proporción de los costos del programa que cubriría el Estado Libre Asociado a más del 90 %”, advirtió.

“Todos podemos especular sobre lo que podría hacer el Congreso, si una futura legislación extendería la financiación y qué tipo de financiación podría proporcionar. Pero no podemos basarnos en especulaciones, y el año 2027 llegará antes de lo que imaginamos”, puntualizó.

Señaló que el financiamiento de la atención médica es un tema prioritario en Washington D.C. y reconoció que cambios en la fórmula de financiación pueden tener un impacto grave en el sistema de prestación de atención médica en Puerto Rico, en el equilibrio del presupuesto del gobierno local, o ambos.


Aliento a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico a tomar el liderazgo en esto, que las organizaciones de salud trabajen juntas, bajo un mensaje común, para evitar un tercer Medicaid cliff

Rebecca Jolley

“La Junta de Supervisión continúa abogando en Washington por una solución a largo plazo para Medicaid en Puerto Rico que sea justa y permanente. Esperamos que su asociación y los grupos hospitalarios alcen la voz para hablar sobre la necesidad de una solución justa y un cambio permanente que elimine la incertidumbre de volver a niveles de financiación insuficientes cada pocos años”, expresó Mujica.

Como dato positivo, comentó que muchas de las disposiciones de atención médica con mayor impacto fiscal, del “Big Beautiful Bill”, no impactaron a Puerto Rico.

“Existe la oportunidad para que Puerto Rico presente sus argumentos para la continuidad de la financiación. Pero también debemos trabajar juntos para prepararnos para un escenario en el que el gobierno de Puerto Rico se haga responsable de una porción significativamente mayor de los gastos de Medicaid y se quede rápidamente sin fondos federales”, advirtió.

Por otra parte, reconoció que la atención médica es un elemento fundamental para la recuperación económica de Puerto Rico y para lograr un mejor nivel de vida, lo cual, según comentó, “depende de la estabilidad fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal haya establecido”. “Hemos colaborado con el Gobierno para identificar reformas clave que podemos abordar juntos ahora, y estamos trabajando en un plan para implementarlas”, indicó.

Señaló que Puerto Rico es completamente diferente al 2016, cuando se promulgó la Ley PROMESA. Mencionó que se ha reducido la deuda acumulada por el Gobierno y controlando el gasto. Además de mencionar una serie de inversiones, señaló que la JSF “revirtió décadas de déficits presupuestarios y estableció reservas gubernamentales cruciales para proteger la estabilidad fiscal, incluso en tiempos económicos difíciles”. “Junto con el Gobierno, ya estamos implementando reformas cruciales para garantizar que todos ustedes cuenten con las herramientas necesarias para brindar atención médica en el futuro”, concluyó.

Analizan el impacto y comparten estrategias

Durante la misma actividad, Rebecca Jolley, ejecutiva regional de la Región 4 de la Asociación Americana de Hospitales (AHA), ofreció una presentación titulada “Desde el Epicentro de la Política Federal: Lo que Puerto Rico Debe Saber”.

La destacada ejecutiva de salud coincidió en que, si no ocurre alguna acción congresional, el FMAP podría bajar de 76 % a 55 % el próximo año. Advirtió que esto se traduciría en cientos de millones de dólares de fondos federales perdidos anualmente.

“Hemos estado en comunicación con las autoridades de Puerto Rico. Eso está en nuestro radar y en conversaciones en curso”, aseguró, no obstante.

Por otra parte, comentó que reconoce que en muchas ocasiones es más difícil obtener atención médica y que a los hospitales se les reembolse por servicios prestados. Entre varias dificultades, mencionó denegación de autorizaciones y retrasos en los pagos, los cuales calificó de frustrantes e insostenibles. “La supervisión debe ser más rigurosa y la rendición de cuentas debe ser real”, subrayó. A nivel nacional, sostuvo, el reclamo es para que los pagos se tramiten oportunamente, sin retrasos, así como una mayor transparencia en todo proceso.

Mientras tanto, entre varias iniciativas nacionales, mencionó que se trabaja en fortalecer los servicios de salud materno infantil, considerando que se estima que 80 % de las muertes relacionadas al embarazo son prevenibles. A través del Better Health for Mothers and Babies Initiative, un esfuerzo de la AHA, se busca reducir la mortalidad y morbilidad asociadas a esta población.

También informó de otra iniciativa de la AHA titulada People Matter, Words Matter, una campaña educativa con la cual buscan reducir el estigma asociado a la salud mental, el consumo de sustancias y las discapacidades.

Por su parte, el excongresista Jerry Weller ofreció una presentación titulada ‘Prioridades Legislativas para Puerto Rico: Entre la Realidad y la Oportunidad’. “El cabildeo es bien importante, hablar con los legisladores”, resaltó el presidente de NWG Advocacy LLC.

Entre los retos que ameritan trabajarse con premura, mencionó la estabilidad del servicio de energía eléctrica de Puerto Rico. Entre las oportunidades que han surgido, mientras tanto, señaló el ‘reshoring’, estrategia económica para relocalizar empresas manufactureras, especialmente farmacéuticas y de tecnología, desde el extranjero a la isla.

Sobre el riesgo de un Medicaid cliff el año que viene, recordó que en el pasado estrategias utilizadas han logrado allegar más fondos para el programa local y evitar esta situación. Advirtió que el estricto cumplimiento de beneficios y elegibilidad en el programa son vitales pues los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) estarán muy pendientes de ello.

“Es importante usar cada dinero que fue provisto para el programa Medicaid en Puerto Rico, no devolver nada”, resaltó.

Comentó que, aunque el reclamo por asegurar más fondos Medicaid para el Plan Vital no es un asunto nuevo, hay muchos líderes del Congreso que son nuevos y desconocen de la situación local y la necesidad de estos fondos para el mantenimiento del programa, por lo cual necesitan ser educados al respecto.

“Es una campaña educativa constante”, enfatizó. “Aliento a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico a tomar el liderazgo en esto, que las organizaciones de salud trabajen juntas, bajo un mensaje común, para evitar un tercer Medicaid cliff”.

El éxito del segundo abismo fiscal de Medicaid fue llevar un mensaje común. La primera vez no fue así y resultó más difícil combatirlo”, sostuvo. La mejor receta, dijo, será trabajar en equipo, en conjunto con el Gobierno, con cifras y datos a la mano. Y cumplir con todo lo que el Congreso pida. “Debe ser un trabajo en equipo. Y todos pidiendo lo mismo”, insistió.

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