El abandono de personas en hospitales se ha convertido en una problemática cada vez más compleja en Puerto Rico. No solo impacta a las instituciones de salud y a los pacientes, sino que también representa un enorme reto para las agencias gubernamentales encargadas de ofrecer apoyo y ubicar a estas personas en lugares adecuados para atender sus necesidades.
Aunque la ley asigna esta responsabilidad al Estado, las limitaciones para obtener información de los pacientes y la escasez de espacios en centros disponibles dificultan el manejo eficiente de estos casos.
Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia, abordó el fenómeno del abandono institucional desde la perspectiva gubernamental y del sistema judicial. La funcionaria expuso las barreras legales y operacionales que enfrentan su agencia, ASSMCA y el Tribunal General de Justicia, subrayando la urgencia de establecer mecanismos de coordinación interagencial que permitan desarrollar una política pública efectiva y sostenible. “Debemos unir esfuerzos para encontrarle una solución a esta realidad social. Familia subvenciona a 6,800 adultos en hogares de cuidado prolongado, lo que representa $9.7 millones mensuales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo todos para prepararnos para la vejez? El Estado no puede solo, ni los hospitales; la responsabilidad también es ciudadana”, enfatizó Roig.
Las cifras demográficas refuerzan su planteamiento: el 28 % de la población puertorriqueña son adultos mayores, la expectativa de vida ronda los 80 años y el 38 % de esta población vive en condiciones de pobreza. Más de 400,000 adultos mayores reciben beneficios del PAN y unos 200,000 viven solos. Solo en octubre de 2025, el Departamento de la Familia recibió 215 referidos de pacientes abandonados en hospitales, sumando 3,888 casos desde 2017 hasta junio de 2024.
Roig insistió en que la intervención temprana es vital. “La alerta en casos de abandono debe surgir antes de la crisis. Desde la admisión del paciente, se deben evaluar sus redes de apoyo para obtener información que agilice los procesos y permita identificar alternativas adecuadas. Necesitamos trabajar juntos y con sensibilidad”, afirmó.
Además del impacto humano, el abandono de pacientes genera un costo significativo para el sistema de salud y para el Estado, especialmente porque en la actualidad no existen asignaciones federales que ayuden a cubrir los gastos relacionados con esta población vulnerable.
La situación se agrava con el aumento alarmante en los casos de abandono y maltrato. Según datos del Departamento de la Familia, desde enero de este año se han reportado más de 14,500 casos de maltrato de menores y ha aumentado la demanda de servicios para adultos, como amas de llaves y hogares de cuidado prolongado.
Un problema multidimensional
Atender a una persona abandonada implica múltiples desafíos asociados a sus determinantes sociales y a la disponibilidad de recursos. Catherine Oliver Franco, administradora de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), detalló la importancia del rol del trabajador social en estos procesos. “Cuando un paciente llega a la sala de emergencias la labor del trabajador social es muy importante, desde ese momento se comienza a trabajar su alta. Debemos determinar a quién le corresponde la ayuda y explorar dentro de los recursos que tenemos. Hay que juntar voluntades y capacidades para facilitar los procesos y lograr un entorno adecuado porque cada profesional y cada servicio conllevan un costo”, explicó Oliver Franco.
La funcionaria también hizo un llamado a fortalecer las destrezas de los trabajadores sociales y a integrar la evaluación de los determinantes sociales desde el inicio de la intervención, especialmente en los casos de estadías prolongadas. “Nuestra meta es visibilizar los servicios disponibles, aunar esfuerzos para crear un flujograma de servicios y del sector jurídico para que las decisiones sean justas y equitativas para ambas partes, garantizando la dignidad del paciente y que la ubicación sea la correcta”, declaró la administradora de ASSMCA.
Responsabilidad de los planes médicos
El secretario del Departamento de Salud, doctor Víctor M. Ramos Otero, recalcó que los planes médicos también deben asumir responsabilidad en estos casos. “Siempre hay una excusa para que los planes no vengan a los tribunales para estos casos y hay traerlos al juego. Que no nos digan cómo diagnosticar, lo que queremos es que los clínicos logren sacar más rápido a estos pacientes de los hospitales. Queremos no tener que ir al tribunal y poder reubicar a la gente teniendo en cuenta que cada día hay más adultos mayores. Es un problema complejo que va a aumentar, no disminuir, y tenemos que remar en la misma dirección y las aseguradoras tienen responsabilidad”, sostuvo Ramos Otero.
Lo mismo opinó Ferdinand López Colón, director de la Oficina de Utuado del Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental. “Los planes médicos no van a los tribunales, las salas especializadas son para la justicia terapéutica a favor de las necesidades para la recuperación del paciente de salud mental, por lo que si se litiga el cobro se desvirtúa el proceso”, dijo refiriéndose a las vistas que se realizan con este fin y no con el de ayudar al paciente.
