Cuando el secretario de Salud, doctor Víctor Ramos Otero, llegó a su silla como titular de la agencia se percató de que, aparte de la agenda de trabajo que ya tenía programada, diariamente surgen muchos asuntos que resolver. Desde la autorización de barcos para que salgan del país con sus productos debidamente autorizados, hasta validar la calidad del agua tras la rotura del Superacueducto, han sido algunas de las múltiples gestiones con las que se ha topado y ha tenido que atender.
“Es mucho trabajo, y raro muchas veces”, admitió durante la Convención 2025 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR).
Entre su agenda de trabajo, el titular destacó su interés de modernizar la agencia. Como ejemplo, mencionó que bajo la sombrilla de Salud hay 37 juntas examinadoras, cada una con sus leyes y complicaciones. La meta, informó, es juntarlas y simplificar sus protocolos. “Queremos hacer un solo Código y eliminar 29 leyes”, dijo.
Otra gestión que interesa modificar es el requisito de que si un médico de Estados Unidos quiere establecer su práctica profesional en Puerto Rico tenga que coger cursos de español a nivel de Bachillerato, así como los que vengan de Latinoamérica que deben tomar cursos de inglés.
Dentro de los trámites para eliminar barreras burocráticas también mencionó la credencialización. El Sistema de Credencialización Online (SICRO) fue activado por la Oficina del Comisionado de Seguros y permite que los proveedores sometan una sola solicitud para múltiples planes médicos, incluyendo los del Gobierno y Medicare Advantage.
Otro asunto que interesa trabajar está relacionado a los programas de repago de préstamos estudiantiles. Reconoció, no obstante, que la negociación de cualquier asunto relacionado a incentivos debe discutirse y pasar por el crisol de la Junta de Supervisión Fiscal.
Dr. Víctor Ramos Otero
Al gobierno federal les sale más caro que los pacientes de Puerto Rico se vayan para Estados Unidos a que se queden en la isla recibiendo servicios
En cuanto a los fondos relacionados al programa Medicaid, Ramos Otero destacó la importancia del cabildeo para asegurar el financiamiento federal y comentó que gran parte de este trabajo recaerá en el comité multisectorial que creó el Gobierno para este fin.
“Al gobierno federal les sale más caro que los pacientes de Puerto Rico se vayan para Estados Unidos a que se queden en la isla recibiendo servicios”, dijo sobre uno de los planteamientos con los que defenderán la aportación federal al programa Medicaid de Puerto Rico.
Por otra parte, reconoció que ha habido inquietudes relacionadas al nuevo sistema de pago hospitalario (APR-DRG), el cual sustituye el pago por día a desembolsos por severidad y diagnóstico del paciente. Comentó que se trabajaría para hacer el asunto “lo más ‘friendly’ posible”. Al respecto también destacó la fusión que se haría entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Programa Medicaid de Puerto Rico. Esta ya se realizó con el nombramiento del licenciado Carlos Santiago Rosario como director de la ASES, así como de la Oficina de Medicaid de Puerto Rico.
En cuanto a medidas legislativas en el tintero mencionó el Proyecto del Senado 687 que busca crear la Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico. Advirtió que le urgía tener insumo de la industria de la salud sobre qué número de personal de Enfermería por cantidad de pacientes les parecería adecuado y por qué. De antemano, resaltó que la proporción de un enfermero o enfermera para atender a 20 pacientes no es aceptable.
Sobre las compañías de seguros de salud admitió que hay retos que atender y destacó que se ha reunido con la Oficina del Comisionado de Seguros para discutir asuntos relacionados al sistema de salud comercial del país que deben trabajarse. “Si no arreglamos disfunciones en el sector comercial de seguros, vamos a seguir sobrecargando al Plan Vital”, dijo.
Resaltó que otro de los asuntos prioritarios que se debe atender es evitar el éxodo de profesionales de la salud. Al respecto, abogó por que se extiendan los incentivos contributivos a todos los profesionales de la salud, no a unos pocos.
En el radar legislativo
En la misma Convención 2025, durante el conversatorio titulado ‘Reivindicando desde adentro’, el licenciado Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la AHPR, dialogó con el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, ambos presidentes de las comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, sobre algunas de las medidas legislativas relacionadas a la salud que se cocinan.
La conversación inició con la medida relacionada al patrón de personal de enfermería (P. del S. 687). Esta medida fue radicada en agosto del año pasado, por petición del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, y su última vista pública fue en octubre 2025. “Tiene que ser ejecutable, que se pueda realizar, no perjudicar, sino ayudar a la industria de la salud”, comentó el senador Morales Rodríguez.
El legislador reconoció que se debe tomar en cuenta la situación económica que atraviesan muchas facilidades hospitalarias, así como reconocer la falta de personal que impera en muchas instancias, particularmente de Enfermería, los cuales dijo son de difícil reclutamiento. Por eso, insistió, esta medida debe trabajarse para que no represente una carga financiera muy onerosa para los hospitales, de manera que la puedan cumplir.
“El sistema de salud es un ecosistema con muchos jugadores, pero es un sistema económico también. Debemos tener un balance. Son proyectos que a veces provocan un disloque económico en la salud. Hay que estar claros con eso. Debemos que tener mucho cuidado al aprobar legislación, que no provoquen un disloque mayor al sistema financiero de los hospitales”, coincidió el representante Rodríguez Aguiló.
De acuerdo con Morales Rodríguez, desde el 2019 se espera por un estudio que arroje luz sobre cuál debe ser la proporción adecuada en el patrón de personal de enfermería del país. El Departamento de Salud, dijo, está pendiente de viabilizar este análisis. “El sistema financiero para sostener esta medida es una de las áreas de preocupación. Se tienen que mirar fuentes de repago cuando el monto no es algo común y corriente, como es este caso”, sostuvo el licenciado Plá Cortés.
Por otra parte, Rodríguez Aguiló mencionó el proyecto que encamina para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 del 2000). Tras una serie de reuniones con distintas organizaciones relacionadas a la salud, en enero de este año se radicó el Proyecto de la Cámara 1007. Ese mismo mes se celebraron dos vistas públicas para discutirlo, pero desde entonces no ha habido más acción al respecto. “El consenso fue enmendarla, actualizarla y añadir varios artículos”, sostuvo.
Otro asunto que también tienen bajo lupa es el abandono de pacientes en hospitales, informó Rodríguez Aguiló, quien comentó que les ha llegado información que no son solo casos de adultos mayores, sino de menores de edad con condiciones de salud mental también. “Que asuma la responsabilidad quien tenga que asumirla”, puntualizó.
Por su parte, Morales Rodríguez denunció que hay jueces que todavía no entienden la magnitud de este problema, situación que según indicó es un problema diario y continuo que enfrenta la industria de los hospitales del país. “Se calcula que se generan de $18 a $25 millones al año, en pérdidas, para los hospitales de Puerto Rico”, aseguró Plá Cortés sobre el abandono de adultos mayores en hospitales ya que la facilidad tiene que continuar brindándole servicio al paciente, más allá del alta hospitalaria por la condición médica que lo llevó al hospital.
Rodríguez Aguiló lamentó el que muchos de estos casos dependan del dictamen del tribunal, no de la determinación que emite el médico de que ya el paciente terminó su tratamiento. “Todavía hay fines de semana largos cuando hay familias que aprovechan, por cuatro o cinco días, para dejar a sus adultos mayores en salas de emergencia de los hospitales”, deploró.
Otro asunto en el radar legislativo es el de los terapistas respiratorios, informó el senador Morales Rodríguez, quien comentó se estima que el 80 % de los que cogen la reválida de esta profesión no la aprueba. Esta situación, sostuvo, provoca escasez de personal en los hospitales. “Esto es una situación bastante grave. Estamos en conversaciones con varias academias y universidades porque nos dicen los hospitales que reclutar un terapista respiratorio es bastante fuerte por la falta de disponibilidad”, dijo. Según Rodríguez Aguiló, algunas universidades han informado que han tenido que cerrar cursos por la falta de estudiantes interesados en entrar a este programa.
En cuanto a la retención de médicos, Rodríguez Aguiló comentó que, entre varias iniciativas bajo análisis, una es que, para evitar los retrasos en la otorgación de número de proveedor a médicos recién graduados, que estos puedan utilizar el número de Medicare de forma provisional para poder facturar por sus servicios en lo que se completa el otro proceso con las compañías aseguradoras.
