Calce: Lcda. Coral M. Rivera Torres, directora asociada del departamento Legal del Sistema de Salud Menonita y presidenta del comité legislativo de la AHPR.
La difícil situación fiscal que atraviesan muchos hospitales del país, la bioética dentro de la atención al paciente y el alcance de los Centros Médicos Académicos Regionales fueron motivo de discusión durante la séptima edición del ‘Legal Update’ que organizó este año la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
“Para el 2022, el 35 % de los hospitales operó en pérdidas en Puerto Rico. La industria en general tiene problemas de liquidez”, resaltó el licenciado José Escobar, director de la división legal del Sistema de Salud Menonita. A esta situación se suma la crisis de especialistas, la falta de recursos médicos y el hecho de que muchos médicos pronto llegarán a la edad del retiro, mientras más del 60 % sobrepasa los 60 años, sostuvo.
Ante esta realidad, indicó, el 70 % ha modificado sus prácticas médicas para minimizar potenciales riesgos de litigios.
A modo de repaso legal, el abogado mencionó que desde el 1930 existe el concepto de daños en Puerto Rico. “Basado en estos conceptos (de daños), los proveedores de salud tienen que operar”, dijo.
Según Escobar, estudios advierten que 31 % de los médicos del país ha sido demandado en algún momento de su vida. Esa cifra aumenta al 50 % entre los que tienen 55 años o más. “Muchos obstetras ginecólogos han limitado sus prácticas para minimizar el riesgo”, comentó al resaltar que solo el 6 % de los casos de este tipo van a juicio.
A base de su experiencia en el tema, el letrado comento que, desde el 2008, unas 233 reclamaciones han sido cerradas, mientras108 no se han pagado. “Sí, hace falta hablar de una reforma que mantenga un balance entre los intereses de la víctima y los proveedores. Que la política pública sea a mediano y largo plazo”, indicó. Comentó que estos casos tardan un promedio de tres a cinco años en resolverse, mientras que algunos se extienden hasta diez años.
Una encuesta entre residentes médicos reveló que el 50 % había determinado la especialidad médica escogida basada en el ambiente de impericia médica relacionado, mientras el 61 % reportó que el ‘malpractice’ era el elemento principal de sus preocupaciones.
“La Legislatura y el Gobierno, como política pública, tienen que mirar cómo trabajar una medida para atender la fuga y la falta de especialistas”, sostuvo.
La importancia de la bioética
La bioética clínica centra la atención en el paciente, integrando su voz más temprano en el proceso, explicó Miglisa Capó Suria, vicepresidenta de Asuntos Legales de Metro Pavia Health System. “Se trata de comprender sus realidades, su cultura, religión, acceso a vivienda, transporte. Todo, considerando los determinantes sociales de la salud, con la meta de lograr adherencia a tratamiento y mejores resultados a la salud (del paciente)”, dijo Capó Suria, quien tiene un doctorado en Bioética.
Entre los beneficios de integrar al bioeticista en el proceso, Capó Suria comentó que se evita la medicina defensiva, además de que se manejan las expectativas del paciente desde el inicio.
Algunos ejemplos de dilemas bioéticos en la práctica clínica mencionados por la bioeticista fueron: el final de la vida, la aplicación de tratamiento paliativo, la futilidad médica y el consentimiento informado. “Hay que estar alertas a las preferencias del paciente antes de proponer un plan de tratamiento”, dijo.
Por otra parte, comentó que la decisión de no iniciar o suspender un tratamiento médico de soporte vital es considerado por ella como eutanasia, una práctica que según indicó se practica todos los días. Por eso, sostuvo, hay que enmendar la ley al respecto.
“La bioética es la herramienta para mejorar la calidad de asistencia (al paciente) y reducir litigios. Pero, sobre todo, el paciente y la familia se van contentos, tranquilos, satisfechos porque se respetaron sus ritos y elevamos la experiencia”, manifestó.
Por eso, la experta en el tema urgió a una reforma que le conceda al bioeticista un rol más activo en los hospitales.
Centros Médicos Académicos
La Ley 136 que estableció los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico en el 2006 urge ser actualizada. “No hemos llegado donde deberíamos, con el conocimiento de los abogados de defensa y los mismos jueces”, sostuvo la licenciada Coral Rivera Torres, directora asociada del departamento legal del Sistema de Salud Menonita.
Este estatuto impone unos topes de impericia, pero en hospitales privados con Centros Médicos Académicos solo aplica esta cubierta cuando se demuestre que la persona estaba en funciones de docencia, explicó. “En los primeros casos los tribunales empiezan a preguntar qué es eso de docencia en el escenario clínico y comienza una discusión interesante de cómo demostrar que este tope aplica a cada caso”, dijo Rivera Torres sobre jurisprudencia donde se ha discutido este estatuto.
Esta disyuntiva se ha ido aclarando, de forma positiva, a favor de los Centros Médicos Académicos, comentó. No obstante, advirtió que hay que hablar más sobre los errores en tratamiento médico, así como de los efectos de la práctica de la medicina defensiva en entornos académicos.
