El impacto de las nuevas regulaciones impulsadas por la administración de Gobierno en curso aún está por conocerse, pero se anticipa que traerá numerosos cambios en cuestiones laborales que requerirán modificaciones para lograr su cumplimiento.
Así lo anticipó el licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez, exsecretario del Trabajo y socio principal del bufete Jackson Lewis P.C., en San Juan, firma nacional que se especializa en Derecho Laboral y de Empleo.
Durante un seminario de Recursos Humanos organizado por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), el abogado experto en Derecho Laboral advirtió que una de las primeras situaciones que han surgido han sido en torno al futuro de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Objeto de debate en los últimos años, eliminarlos fue una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump y ya cumplió, firmando un decreto que elimina estos programas del gobierno federal.
Una orden ejecutiva, explicó el abogado, es una orden que se da de manera pública y no tiene que pasar por el cedazo del Congreso ni el proceso para enmendar una ley. Estas órdenes son instrucciones o acciones del presidente de los Estados Unidos que generan, además, repercusiones indirectas en el sector privado.
Dentro de los cambios laborales impulsados por la administración Trump, el abogado resaltó la redefinición de la protección contra el discrimen basada en sexo, género y orientación sexual. Esto incluye un repaso a los espacios íntimos como los baños, así como una revisión al lenguaje en reglamentos internos.
Resaltó que entre las primeras medidas firmadas por Trump destaca el ‘Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government’. Emitida el 20 de enero de este año, declara que “es la política de los Estados Unidos reconocer dos sexos: masculino y femenino”. Revoca la posición de la administración de Joe Biden sobre los derechos de las personas transgénero y ordena a las agencias federales y empleados que actúen en su capacidad oficial a que utilicen el término ‘sexo’ y no ‘género’. Además, dijo, instruye a las agencias a garantizar que los espacios íntimos sean designados para el uso exclusivo de un solo sexo, según lo definido en la orden, y no según la identidad de género. Y ordena a los secretarios de Justicia y del Trabajo, a funcionarios de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), así como a los demás jefes de agencias con responsabilidades de aplicación bajo la Ley de Derechos Civiles, que “prioricen las investigaciones y litigios para hacer cumplir los derechos y libertades identificados”.
Saavedra Gutiérrez comentó que bajo esta nueva orden el secretario de Justicia debe emitir una guía que garantice el derecho a espacios exclusivos para un solo sexo en los lugares de trabajo y en las entidades financiadas con fondos federales cubiertas por la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Otra de las primeras medidas firmadas por Trump en enero, dijo, fue el ‘Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity’. Según se informó, el propósito de esta orden es garantizar que cumpla las leyes de derechos civiles, poniendo fin a las preferencias ilegales y el discrimen.
El abogado explicó que ahora el secretario de Justicia, junto a los jefes de agencias, deben presentar un informe dentro de 120 días que identifique, entre otras cosas, ‘sectores clave de preocupación’, ‘practicas atroces y discriminatorias’ y un plan para disuadir los programas ilegales de DEI, entre otros requerimientos. Ya en marzo, comentó, 20 bufetes de abogados recibieron cartas del EEOC solicitando información sobre sus programas de DEI.
“Los patronos deben anticipar un aumento en las solicitudes de acomodos religiosos y en querellas de empleados y otras personas alegando que los programas DEI del empleador son ilegales. Se debe prever un incremento en las reclamaciones por represalias y denuncias de denunciantes (‘whistleblowers’) derivadas de dichas solicitudes de acomodación y quejas”, sostuvo.
Entre los asuntos que los patronos deben considerar, dentro de la revisión de políticas y prácticas, mencionó el asunto del acceso a baños, el acoso de género y el acomodo religioso, así como asuntos de género, investigaciones internas y entrenamientos.
Análisis de la situación
En el departamento del Trabajo y Recursos Humanos también están pendientes de los cambios reglamentarios y puntos críticos que traerá la actualización de todas estas nuevas regulaciones, afirmó la licenciada Naihomy Álamo Rivera, ayudante especial de la secretaria de esta agencia.
En un análisis de la situación, advirtió que, según la encuesta de Empleo Asalariado No-Agrícola, las industrias de servicios de salud representan el 9.6 % del total del empleo en Puerto Rico (promedio anual 2024). “Estamos en el punto más alto de empleos en la industria de la salud”, dijo al comentar que la cifra fue de 92,600 para el año pasado.
“Un empleado no exento que reciba el salario mínimo de $10.50 la hora por 40 horas a la semana, está solo $35 por debajo del nivel semanal de los empleados exentos”
Lcdo. Carlos Saavedra Gutiérrez
Mencionó, además, las diez ocupaciones en Puerto Rico relacionadas al cuidado de la salud con más concentración de empleo, en comparación con el promedio nacional, según el cociente de localización. Estas fueron: auxiliares de Farmacia; ópticos de despacho; tecnólogos de Medicina Nuclear; técnicos de Farmacia; enfermeros anestesistas; paramédicos; camilleros; tecnólogos y técnicos de laboratorio clínico; tecnólogos y técnicos cardiovasculares y especialistas en registros médicos.
Mientras, las diez ocupaciones profesionales y técnicas relacionadas con el cuidado de la salud con salarios promedios más altos, reflejados en el 2023 fueron los siguientes: radiólogos; pediatras; médicos de Medicina Interna; obstetras y ginecólogos; médicos de familia; farmacéuticos; dentistas generales; veterinarios; ortopedas protésicos y quiroprácticos.
En cuanto a las cinco ocupaciones de más aumento en empleos nuevos para el 2022-23 fueron: auxiliares de atención en el hogar y cuidado personal; asistentes dentales; auxiliares de Farmacia; flebotomistas y asistentes de Enfermería.
Sobre la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, indicó que la comisión evaluadora tiene la facultad para emitir un decreto mandatorio especial para los empleados exentos en donde se modifique el nivel de salario mínimo semanal aplicable.
“Un empleado no exento que reciba el salario mínimo de $10.50 la hora por 40 horas a la semana, está solo $35 por debajo del nivel semanal de los empleados exentos”, dijo.
Además, explicó que empleados exentos no tienen derecho a pago de horas extra, periodo de tomar alimentos, licencia de vacaciones y enfermedad, ni día de descanso, entre otros beneficios.
Sobre las horas extra mencionó que no hay un estándar específico de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para turnos extendidos o inusuales. Advirtió que los supervisores deben limitar el uso de turnos extendidos cuando sea posible, pues trabajar más de ocho horas generalmente reduce la productividad y el nivel de alerta.
Advirtió que PR OSHA puede imponer las penalidades civiles superiores de OSHA federal cuando se requiera para la vigencia del plan estatal de Puerto Rico.
Las multas de PR OSHA varían entre: seria, no grave, intencional y/o repetida y fallar en disminución de riesgo. Pero ahora para el 2025 cambiarán a: seria, no grave, intencional y/o repetida, afiche requerido y fallar en disminuir el riesgo, con penalidades más altas de las antes establecidas.
