Calce: Lcdo. José Escobar Machín, asesor legal corporativo del Sistema de Salud Menonita, y Lcda. Coral M. Rivera Torres, directora asociada del Departamento Legal.
La creación de equipos multidisciplinarios y estructurados para mitigar riesgos medicolegales en el entorno hospitalario es clave para sostener una cultura institucional orientada en la gestión efectiva y en la prestación segura de servicios de salud.
Con esta premisa, José Escobar Machín, asesor legal corporativo del Sistema de Salud Menonita, y Coral M. Rivera Torres, directora asociada del Departamento Legal, se dirigieron a los asistentes de la Convención 2025 de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) para analizar el panorama actual del riesgo en los hospitales del país y las medidas necesarias para para atajar las consecuencias.
La discusión comenzó con la presentación de estadísticas reveladoras que reflejan que el 77 % de las demandas por impericia médica en Puerto Rico son archivadas, el 3 % son desestimadas o suspendidas, otros casos no se evalúan en sus méritos, y solo el 5 % llega a una resolución final.
“Aunque entre 2016 y 2018 hubo una reducción del 30 % en la presentación de casos, existe una acumulación significativa de casos. Si la Legislatura y el Gobierno no toman medidas, seguiremos viendo más de 500 casos anuales sin resolver, lo que resulta costoso para las instituciones y afecta su reputación”, explicó Escobar.
Cómo manejar el riesgo en los hospitales
Se recomienda realizar encuestas de satisfacción de pacientes y empleados, evaluar las vulnerabilidades, crear métricas de calidad y rondas con propósito, además de analizar los eventos con resultados no esperados, llevar a cabo reuniones de comités de calidad, discusiones sobre la raíz de las causas, hablar de errores sin temor a represalias y revisar las políticas de los procesos médicos. “Si no invertimos en medidas de mitigación, seguiremos viendo muchas reclamaciones. La inversión en esta área reduce caídas, readmisiones y errores en los tratamientos. Hay que invertir en lo que haga falta, ofrecer incentivos a los empleados, identificar riesgos potenciales y enfocarnos en la prevención de errores”, subrayó Rivera.
“Si la Legislatura y el Gobierno no toman medidas, seguiremos viendo más de 500 casos anuales sin resolver, lo que resulta costoso para las instituciones y afecta su reputación”
Lcdo. José Escobar Machín
La evaluación constituye una herramienta esencial para mejorar la seguridad y la calidad en las instituciones de salud, ya que permite analizar en detalle los procesos clínicos, identificar riesgos reales y potenciales, y detectar fallas o puntos de vulnerabilidad que puedan afectar la atención, el tratamiento o los servicios ofrecidos. Este análisis prioriza áreas de mejora y facilita la prevención de eventos adversos asociados a errores en medicamentos, caídas, procedimientos quirúrgicos, infecciones nosocomiales, diagnósticos incorrectos, úlceras, agresiones o retrasos en el tratamiento.
Datos y reportes para tomar decisiones
Las actividades de calidad y manejo de riesgo se basan en la recopilación de información, métricas de calidad, rondas con propósito y análisis de eventos con resultados no esperados. La integración de los médicos residentes en estos procesos es clave para fomentar una cultura de seguridad desde la formación clínica, mediante la identificación de riesgos, la discusión de áreas de oportunidad, la participación en comités de calidad, la educación continua y la realización de simulacros y talleres especializados.
Asimismo, los sistemas de reporte de incidentes desempeñan un papel fundamental, ya que la falta de notificación impide cualquier acción correctiva, mientras que los reportes permiten identificar a las personas afectadas, apoyar a los profesionales de la salud involucrados, analizar los factores que contribuyeron al evento y enfocarse en la mejora de los procesos. La implementación de planes de acción correctiva y el monitoreo de su cumplimiento contribuyen a reducir errores y mejorar la calidad del cuidado.
Fomentar una cultura de calidad y seguridad
Para incentivar la calidad de los servicios se debe promover la educación y el aprendizaje continuo, atender de manera oportuna las necesidades de seguridad de los pacientes, motivar la cultura de seguridad y discutir métricas con los líderes. También es importante analizar datos sobre eventos, promover una cultura no punitiva, educar en temas de seguridad y riesgo, asesorar a los pacientes para prevenir errores en tratamientos, crear sistemas que puedan evaluarse constantemente.
Los programas de Residencias también aportan al objetivo de mejorar la calidad de servicio en los hospitales. “Estos adiestramientos logran una mejor integración, entienden que la Medicina de una manera más holística mejora los servicios. Lograr que la gente reporte lo que está pasando para que no se repita también es importante, ya que si se deje de monitorear vuelven a aumentar las estadísticas de riesgo”, explicó Rivera.
Agregó que es vital promover un ambiente de confianza, donde el personal pueda reportar errores sin temor. “Así se reduce la incidencia, se fortalece la lealtad del empleado, disminuyen los costos y mejoran los resultados. Cuando se invierte en el personal, se reducen las demandas”, aseguró.
Retos y recomendaciones
El mejoramiento de los servicios enfrenta barreras como la falta de confianza, el miedo a ser juzgado, la ausencia de apoyo por parte de líderes y supervisores, y la falta de compromiso institucional. Superar estos retos requiere promover una cultura de seguridad centrada en el servicio, con ambientes de trabajo no punitivos, refuerzos positivos, supervisión activa, comunicación efectiva y monitoreo constante.
Escobar Machín enfatizó la importancia de involucrar al equipo legal de los hospitales desde el inicio de cualquier incidente. “Esto asegura un manejo adecuado del caso, la recopilación oportuna de evidencia y una defensa sólida ante reclamaciones de impericia médica en los tribunales. Se demuestra que se hizo todo lo posible para evitar el error”, indicó.
Finalmente añadió que existe la necesidad de implementar mecanismos alternativos de resolución de disputas, procedimientos expeditos de adjudicación preliminar y recursos adicionales para reducir el inventario de casos acumulados, ya que entiende que el sistema actual no les brinda justicia oportuna a las víctimas de impericia médica ni certeza legal a los profesionales de la salud.
