El abandono de pacientes no solo genera consecuencias adversas para la salud de las personas afectadas, sino que también agrava la ya frágil situación financiera de los hospitales en Puerto Rico, que asumen costos públicos significativos que, en muchos casos, se convierten en deudas incobrables.
“Para los servicios que se les brindan a estos pacientes no existen reembolsos por parte de los planes médicos si no cumplen con criterios médicos de hospitalización, ni reembolsos gubernamentales por estadías prolongadas en espera de ubicación, a diferencia de lo que ocurre con subvenciones federales en Estados Unidos”, informó la licenciada Sarah I. Villanueva Cabrera, directora ejecutiva del Hospital San Carlos Borromeo de Moca.
Villanueva explicó que a esta situación se le suman otros costos asociados al bloqueo de camas, seguros, continuidad del tratamiento, medicamentos, apoyo del personal clínico, dietas y, en casos extremos, la disposición de restos post mortem, incluyendo cremación o entierro. “Se bloquean camas para las personas que realmente las necesitan y que están esperando que las suban a un cuarto. También están los costos de los seguros. Si no tienen a dónde ir, se caen y ya no son pacientes, entonces quién los cubre. Muchos hospitales tienen poco espacio de morgue y si estas personas mueren y nadie los reclama, el hospital termina dándoles sepultura o pagando la cremación”, alegó.
Según los datos ofrecidos por la licenciada Miglisa L. Capó-Suria, consultora en Bioética y Derecho de Salud, en el Departamento de la Familia, en octubre de 2024 se recibieron 215 referidos de pacientes abandonados en hospitales. Durante el año fiscal 2024 se reportaron 800 casos, en el 2023 un total de 769 casos y en el 2022 unos 709. Entre 2017 y junio de 2024 se han documentado 3,888 casos de abandono.
“Aparte de los costos para el hospital, el personal de Enfermería que atiende a los pacientes abandonados enfrenta una carga adicional al verse obligado a continuar realizando rondas, aseo y la administración de medicamentos”, sostuvo Capó-Suria.
Compleja la atención adecuada
En los casos atendidos por el Departamento de la Familia bajo la Ley 121, los principales obstáculos incluyen la negativa de los centros para aceptar traslados sin acompañantes, la falta de amas de llave y la compleja coordinación de servicios de cuidado en el hogar.
“Se reportan largos turnos de espera para residencias y devoluciones de pacientes al hospital, aun cuando ello contraviene reglamentos. El Departamento de Salud enfrenta casos de pacientes con condiciones duales, como discapacidad intelectual y autismo, que dificultan la ubicación adecuada”, dijo Capó-Suria.
La Judicatura también enfrenta retos relacionados con la priorización en calendario, duplicidad de casos sobre un mismo paciente y familiares que radican remedios judiciales para evadir responsabilidades. “Además intervienen los municipios, particularmente en temas relacionados con cementerios; los planes médicos que poseen información demográfica relevante; y los hogares de cuidado. Muchos de estos hogares enfrentan cierres, falta de competencias o disponibilidad para manejar casos complejos como pacientes con ventilador o traqueotomía. Aunque hay centros, no todos aceptan estos pacientes”, informó Villanueva.
El reto de obtener información del paciente
La realidad social que rodea esta problemática incluye la explotación financiera, pacientes que viven solos, condiciones de salud descuidadas y crónicas, familiares que residen en Estados Unidos o se niegan a asumir responsabilidad. “En este contexto, el trabajo social se transforma en una labor de investigación privada, lo que complica significativamente su rol profesional”, señaló Capó-Suria.
La consultora señaló que los hospitales se ven obligados a destinar recursos humanos para realizar labores de investigación, aun cuando enfrentan una marcada escasez de personal que no está adiestrado para este tipo de gestiones, sino para atender directamente la salud de los pacientes. Asimismo, destacó que el traslado de personal a los tribunales implica una inversión considerable de tiempo, por lo que ambas licenciadas coinciden en que deben considerar nuevas alternativas para evitar que los trabajadores sociales pierdan días atendiendo estos asuntos.
Por su parte, Villanueva identificó varias áreas de oportunidad, entre ellas promover un cambio en la falta de ‘standing’ legal de los hospitales que les permita investigar, junto a instituciones bancarias, posibles fuentes de ingreso y acceder a documentos esenciales como el Seguro Social y servicios básicos de agua y electricidad.
“Proponemos solicitar que los trabajadores sociales puedan realizar gestiones para facturar los servicios de Medicaid, mejorar la disponibilidad y el conocimiento de la Policía para ubicar familiares y celebrar vistas judiciales virtuales de manera permanente para evitar el desplazamiento del personal hospitalario. También fomentar el uso de cuerpos voluntarios y apoyo pastoral, así como promover el acopio de artículos de primera necesidad para el beneficio de los pacientes”, declaró Villanueva.
Una difícil realidad humana
“Hay historias bien tristes. Hay personas que llegan sin pertenencias, sin aseo y no los visitan. Son historias que impactan a nuestro personal y el hospital. Muchas de estas personas son propensas a caídas, úlceras e infecciones, y el trabajador social encuentra que no pueden regresar a su entorno social o casa. Son casos difíciles que les toman mucho tiempo a las planificadoras de alta y los pacientes se deprimen por el tiempo que pasa”, narró Capó-Suria.
La realidad de algunos de los pacientes abandonados es que luego del alta pasan a vivir en condiciones infrahumanas y terminan regresando al hospital, cuando se buscan a los familiares que no aparecen, ya que muchos residen fuera de Puerto Rico. Esta situación se agudizó después del huracán María, ya que muchos adultos mayores no quisieron irse con sus hijos que se fueron buscando nuevas oportunidades. “Nadie los procura y sus hijos no pueden dejar sus trabajos o familia. Son muchas las barreras, y los casos psiquiátricos son los más olvidados. Ahora tengo un caso de más seis meses, algunos se convierten en residentes del hospital”, añadió Villanueva.
Finalmente, Capó-Suria exhortó a las entidades pertinentes a darle prioridad a estos casos, tal como se atienden los de niños. “El nuevo protocolo le da obligaciones también a la Policía, pero todos debemos remar para el mismo lado. No podemos olvidar a quienes son responsables de estas personas y los tribunales deben encargarlos. No pueden ser tímidos. A estas personas hay que darles importancia en los tribunales, igual que hacen con los menores de edad”, puntualizó.
