Puerto Rico enfrenta una urgencia ante la crisis por el consumo de sustancias y las muertes por sobredosis. Pero una estrategia originada hace 10 años -el Primer Plan de Acción Interagencial y de Colaboración Multisectorial para la atención al consumo de sustancias y enfermedades relacionadas- se mantiene viva. Esta se originó en el 2015 ante la necesidad de una coordinación interagencial, junto a organizaciones sin fines de lucro, para enfrentar este problema de salud pública y sus consecuencias.
Un análisis de datos realizado bajo esta iniciativa reveló que las tasas de mortalidad por sobredosis de droga disminuyeron en ambos sexos durante el 2022-23 entre personas de 15 a 54 años. No obstante, aumentaron entre los adultos de 55 años o más. Mientras, entre el 2018 y el 2024 se registraron 4,172 defunciones relacionadas a intoxicaciones en Puerto Rico, la mayoría (3,660) en varones, siendo la región Metro la más impactada con 1,047 casos relacionados a muertes por intoxicación.
Entre las defunciones relacionadas a intoxicaciones en las que se identificó alguna sustancia psicoactiva durante ese término (2018-2024), se registraron opioides (fentanilo, morfina, codeína, heroína, oxicodona, metadona y Tramadol), estimulantes (cocaína, cocaetileno y benzoilecgonina), depresores (alcohol) y benzodiacepinas (Alprazolam, Clonazepam, Temazepam y Lorazepam).
“El policonsumo es más en Puerto Rico que en Estados Unidos”, comentó el doctor Eduardo Zavala, principal investigador del Programa de Sustancias y Opioides del Departamento de Salud, durante una reciente actividad educativa organizada por la Asociación de Salud Primaria.
En las defunciones por intoxicaciones, se identificaron casos de polisustancias o aquellos donde se detecta la presencia de dos o más sustancias durante el proceso de autopsia, siendo una de ellas fentanilo, explicó Zavala.
Un estudio realizado el año pasado con el insumo de 400 personas sobre el uso de sustancias en Puerto Rico detectó que las 14 más utilizadas son: tabaco, heroína, fentanilo, ‘crack’, alcohol, cocaína, marihuana, ‘tsunami’, benzodiacepinas, Xilacina, Percocet, Tramadol, oxicodona y anfetaminas.
Por otra parte, Zavala explicó que, a través de un sistema de vigilancia sindrómica, se recopilan e identifican datos sobre eventos de salud de interés. Según informó, actualmente 28 salas de emergencia participan de este proyecto que parte de una iniciativa de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y se alimenta de datos de los expedientes médicos de las visitas a salas de emergencia o urgencias a hospitales o Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).
Durante el 2024, indicó, se reportaron 945 alertas sindrómicas. En un desglose por región, la mayoría se reportaron en la de Caguas, seguido de Bayamón, Ponce, Arecibo, Mayagüez, Metro, Aguadilla y Fajardo.
A modo de ejemplo sobre la información generada a través de esta iniciativa, Zavala informó que para el 2022 a través del sistema se reportó que 478 personas gestantes habían indicado haber consumido al menos una droga durante el embarazo.
Entre los objetivos del plan, el funcionario comentó la meta de establecer, antes de diciembre de este año, un proceso de planificación interagencial con participación equitativa de todas las regiones de Puerto Rico, incluyendo una valoración diagnóstica inicial y revisiones semestrales sobre capacidades, recursos y procesos.
Además, establecer antes de mayo del próximo año cinco esfuerzos colaborativos con estrategias de prevención y atención temprana. También, antes que termine el 2025, se proyecta el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública en, al menos, tres regiones mediante la redirección del 10 % de recursos existentes hacia prevención de sobredosis y contagios infecciosos. Y entre las aspiraciones de esta iniciativa, también se espera la integración de más salas de emergencia de hospitales y CDT al sistema de vigilancia sindrómica.
A pesar de una cantidad de metas trazadas, Zavala reconoció que “hay una frustración por planificar y planificar y no ver resultados”, tanto a nivel organizacional como comunitario. “Las agencias no se mueven solas, sino se jamaquea ese árbol”, dijo al reconocer que “se necesitan acciones concretas”. Reiteró que el plan es un documento vivo que se activa con compromiso, coordinación real y voluntad de acción sostenida. “Su implantación requiere retroalimentación, aprendizaje y capacidad de adaptación”, subrayó.
Agregó que abordar el consumo de sustancias y las enfermedades asociadas exige una acción interagencial e intersectorial efectiva, donde cada entidad asuma su parte desde su rol. “El plan ofrece metas, indicadores y herramientas claras para guiar acciones concretas. Pero el cambio depende de transformar evidencia en voluntad política y operativa”, dijo al resaltar que también urge estar pendientes a los cambios en políticas federales que están ocurriendo.
Este importante documento, concluyó, ofrece la oportunidad colectiva de salvar vidas, reducir daños y reconstruir estructuras más justas y compasivas.
