Cuando la oferta de profesionales de la salud no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población, sobrecarga al sistema de salud, eleva las tasas de morbilidad y ejerce una presión creciente sobre los proveedores existentes.
En Puerto Rico, existen brechas críticas no solo en la retención de especialistas médicos, sino también
en la disponibilidad de personal que brinda apoyo directo a los médicos, como enfermeras y otros profesionales aliados a la salud, todos ellos esenciales para el funcionamiento eficiente de los hospitales. A pesar de los retos considerables que enfrenta el sistema, los doce hospitales académicos auspiciadores de programas de Residencia acreditados en Puerto Rico continúan asumiendo un rol protagónico en fortalecer la formación y retención de médicos y aliados a la salud. Estos hospitales han adoptado un enfoque integral y de colaboración para atender una problemática compleja y de múltiples dimensiones.
Actualmente, los doce hospitales acreditados por el Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) que auspician programas de Residencia certificados son: Puerto Rico Children’s Hospital, Mayagüez Medical Center, Manatí Medical Center, Hospital Bella Vista, Hospital Ashford, Hospital de Veteranos, Hospital de la Concepción, Centro Médico Menonita de Cayey, Centro Médico Episcopal San Lucas, Hospital Damas, San Juan City Hospital y Metro Pavia HealthSystem Arecibo. De este grupo, diez corresponden a instituciones privadas, las cuales igualmente mantienen diferentes acuerdos de afiliación; con las escuelas de Medicina acreditadas para permitir a los estudiantes rotar por sus instalaciones, cumpliendo así con los requisitos necesarios para graduarse como médicos.
Sin apoyo permanente a los hospitales académicos, cualquier iniciativa destinada a mejorar la situación, resultará insuficiente. Este compromiso colectivo debe enfocarse en fortalecer la actividad académica de dichas instituciones, promoviendo iniciativas que les permitan atraer a más Facultad académica y mantenerse a la vanguardia tecnológica. La incorporación de tecnología avanzada no solo es esencial para optimizar los procesos educativos y clínicos, sino que también representa un factor decisivo en la elección que hacen los médicos sobre dónde realizar su residencia y establecer sus prácticas profesionales.
El acceso a especialistas médicos fuera del área metropolitana representa uno de los desafíos más significativos para la población de Puerto Rico. Con el objetivo de entender con mayor precisión la magnitud y localización de la escasez de médicos, la Junta de Supervisión Fiscal encargó a FTI Consulting la elaboración de un análisis el cual fue publicado en febrero de 2025, ‘Estudio de Fuerza Laboral de Atención Médica de Puerto Rico’. Uno de los principales hallazgos fue que la diferencia entre la demanda y la oferta de personal de salud continuará ampliándose, y que la problemática es de tal magnitud que revertirla requerirá esfuerzos extraordinarios y sostenidos que tomarán tiempo.
Impacto de litigios por impericia médica en sostenibilidad hospitalaria y retención de talento médico
Un factor crítico que ha contribuido a la situación actual es el tema de los litigios por impericia médica hospitalaria. Este aspecto incide directamente en la sostenibilidad de las instituciones de salud, especialmente ante el aumento constante en los costos de las pólizas de seguros de impericia médica, la frecuencia de los denominados “veredictos nucleares” y los elevados gastos asociados a la defensa de estos casos en los tribunales donde el hospital es visto como el ‘deep pocket’.
Aunque desde el 2006 existe una ley con una exposición de motivos clara —La Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales CEMAR’s— que tiene como objetivo incentivar a hospitales y médicos, en la práctica, dicha legislación ha resultado insuficiente. Esto se debe, en gran medida, al rechazo de los tribunales a aplicarla de manera uniforme, lo que ha provocado un incremento en el tiempo de los
litigios y ha generado un ambiente de desconfianza entre los profesionales de la salud. Si no se atiende este asunto de manera urgente, existe el riesgo de que se detenga el desarrollo alcanzado por los CMAR’s, especialmente en los esfuerzos de reclutamiento de especialistas para la Facultad Médica docente y el desarrollo de nuevos programas de Residencia.
Encuestas realizadas a médicos interesados en especializarse reflejan que uno de los factores determinantes en la decisión de dónde establecer su práctica médica, es el ambiente de litigios existente. En el caso de Puerto Rico, vamos en retroceso y se ha creado un entorno desfavorable, caracterizado por incertidumbre jurídica y escasos incentivos para médicos. Ejemplo de ello es la aprobación, en el Código Civil de 2020, de una figura ajena a nuestro derecho reparador: los daños
punitivos aplicables a casos de impericia médica, además de la eliminación de los incentivos fiscales a través de los decretos para la retención de médicos, la Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos. Ley Núm. 14 de 21 de febrero de 2017. La aplicación de daños punitivos a casos civiles de impericia médica genera automáticamente riesgos para los médicos y hospitales, como la ausencia de cubierta de seguros, el aumento en las primas de las pólizas existentes y un mayor tiempo de litigio. De hecho, más del 50 % de los casos radicados incluyen alegaciones de daños punitivos, muchas veces de manera frívola, lo que dificulta las transacciones tempranas y eleva los costos de defensa. A diferencia de la mayoría de los estados en Estados Unidos, donde la imposición de daños punitivos requiere que la conducta sea deliberada, intencional, maliciosa o fraudulenta, es decir, que exista intención, el Código Civil de Puerto Rico no establece parámetros claros, trasladando la carga y el costo de definirlos a los médicos y hospitales mediante el proceso judicial. Esto convierte los casos más contenciosos y costosos, añadiendo presión a los hospitales en un sistema ya vulnerable.
Otro factor clave que afecta la retención de médicos es la ausencia de un monitoreo y fiscalización adecuada sobre las aseguradoras
Una de las limitaciones actuales es que las legislaciones vigentes mantienen incertidumbre sobre la jurisdicción para regular y fiscalizar las aseguradoras en Puerto Rico; como, por ejemplo, con la oficina del Comisionado de Seguros para el segmento de Medicare cuyo alcance de una fiscalización efectiva está siendo impugnada. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico actualmente comparece como amigo de la corte en el caso Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico, Inc. (MMAPA) v. Adams-Vega, donde la parte demandante es MMAPA. MMAPA busca con la demanda incoada en contra de la Oficina del Comisionado de Seguros restringir su autoridad reguladora sobre los Medicare Advantage, quienes componen un 95 % de la población Medicare de la isla. Durante el periodo 2023-2024, el entonces comisionado de Seguros, Alexander Adams, informó a la Legislatura que se habían recuperado $226 millones correspondientes al pago impuntual por parte de las aseguradoras a proveedores de salud, incluyendo hospitales de Puerto Rico. Este monto reflejaba más de 400 mil reclamaciones recibidas por la Oficina del Comisionado de Seguros hasta el 31 de diciembre de 2023, todas relacionadas con el incumplimiento del pago puntual establecido por el Código de Seguros de Puerto Rico. De prevalecer MMAPA en ese pleito sin duda habrá retos mayores para fiscalizar un segmento tan importante.
Es en este ambiente de retos estructurales en el sistema de salud de Puerto Rico, que ahora tenemos el ‘One Big Beautiful Bill’ de 2025 (OBBBA), aprobado el 4 de julio de OBBBA introduce cambios significativos que afectarán directamente a los estudiantes de Medicina a partir del 1 de julio de 2026. Bajo la nueva normativa, los estudiantes de Medicina verán restringido su acceso a financiamiento federal suficiente para cubrir el total de los costos de su carrera. Los préstamos federales disponibles tendrán un límite de hasta $50,000/año y $200,000 durante la totalidad de la carrera. Este monto resulta insuficiente para costear los gastos completos que demanda una formación médica, incluyendo matrícula, vivienda, libros y transporte, ya que el costo total estimado de la carrera de Medicina es mayor, lo que podría traducirse en una reducción de la matrícula en las escuelas de Medicina agravando aún más el problema.
Por último, la problemática de la escasez de médicos no solo afecta a Puerto Rico, la tendencia en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio publicado por la Association of American Medical Colleges (AAMC) en marzo de 2024, estima una deficiencia de entre 13,500 y 86,000 médicos para el año 2036, lo que representa entre tres y seis veces la magnitud de los déficits actuales en el sistema de salud estadounidense. Si no atendemos el tema de manera integrada con medidas de retención reales, incentivos y desarrollo local, Puerto Rico podría convertirse en la principal fuente de reclutamiento de médicos y especialistas para Estados Unidos.
Es imprescindible en Puerto Rico aumentar los estipendios a residentes, ampliar las plazas de Residencia, establecer fondos recurrentes, crear el fideicomiso para la educación médica que se nutra de un impuesto. Por ejemplo, el Proyecto de la Cámara 590 propone una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico con el objetivo de modificar la estructura de la contribución especial sobre las primas de seguros. En lugar de proceder con la eliminación total de este impuesto, recomendaría destinar los dineros recaudados a los CMAR’s tal y como se pensó cuando se aprobó la ley. Artículo 14 Ley 136-2006, Oficina del Contralor. (24 L.P.R.A. § 10042).
Debemos igualmente promover donaciones privadas a los CMAR’s (Artículo 11 Ley 136-2006, Donaciones. (24 L.P.R.A. § 10039) y diseñar una transición ordenada hacia un nuevo marco de costos y apoyos para la investigación clínica. No se debe postergar más la implementación de asignaciones de pagos adicionales para los hospitales académicos en el programa Medicaid.
Aunque este esquema ya se encuentra en funcionamiento en Medicare, en Puerto Rico aún se mantiene en estado rezagado. Es vital trabajar de cerca con legisladores y coaliciones para garantizar que las políticas federales y estatales sean adecuadas y representen los intereses de Puerto Rico, la clase
médica y hospitalaria. Para enfrentar los retos actuales del sistema de salud no basta con contabilizar el número de médicos. Es fundamental comprender las razones por las que nuestros profesionales no desean permanecer en Puerto Rico y los retos de financiación de los programas de GME. Solo así podremos crear soluciones efectivas, enfocándonos en fortalecer y respaldar permanentemente la educación médica del País y los involucrados y responsables de ella.
Lcda. Marie Carmen Muntaner
Asesora Legal AHPR
