Un nuevo protocolo para manejar el envío de cadáveres desde un hospital al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) fue recientemente acordado entre el Departamento de Justicia, el Colegio de Médicos Cirujanos y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR).
Este nuevo protocolo busca atender la queja planteada por el propio ICF, que reclamó que se estaban enviando numerosos cadáveres desde hospitales y por parte de fiscales, cuya autopsia en muchos casos no era necesaria, y que estaban ocupando el limitado espacio disponible en el Instituto. Ahora, con este acuerdo, el hospital tiene la responsabilidad de consultar al ICF antes de enviar un cadáver.
Según María Conde Miller, directora ejecutiva del ICF, “este protocolo establece que antes que el cadáver sea referido al Instituto por un hospital, se nos hace una consulta y nosotros aceptamos o declinamos la jurisdicción”. Aseguró que entre los hospitales y el ICF hay una buena comunicación.
Conde Miller ofreció los datos durante una audiencia pública que celebró la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes en torno a la Resolución de la Cámara 655, que investiga precisamente los cadáveres enviados por fiscales y médicos al ICF.
Dra. María Conde Miller
“Luego de estas reuniones se acordó que cuando sobreviniere una muerte en un hospital, antes de activar a un fiscal para que emita una boleta refiriendo a un cadáver al ICF, el personal del hospital debe completar un formulario con información del fallecido”
El representante Luis Ortiz Lugo, presidente de la comisión, sostuvo que “hace un tiempo, la directora ejecutiva del ICF, María Conde Miller reveló que han estado experimentando un grave problema relacionado con los envíos de cadáveres por parte de médicos y fiscales, lo que podría generar complicaciones adicionales en términos de espacio. Dicho eso, esta comisión tiene la responsabilidad de investigar lo ocurrido en la mencionada entidad gubernamental para determinar si es necesario implementar restricciones en la recepción de cadáveres”.
Atendido este tema, Conde Miller destacó que ahora uno de los problemas que enfrentan en el ICF es la demora en la recogida de los cadáveres por parte de los agentes funerarios. “Tengo que resaltar que no todas las funerarias tienen neveras, y no es requisito tenerla. La única obligación que tienen las funerarias es que tengan un servicio rápido. Esto obliga a los agentes funerarios a responder rápidamente para recoger el cadáver. Nos preocupa mucho el espacio que tenemos porque uno nunca sabe lo que pueda ocurrir en el futuro”, dijo.
Aclaró que el ICF y las funerarias llevan una relación muy fluida y profesional, sin embargo, recalcó que su preocupación es el recogido de cadáveres. “Lo que el Instituto desea es buscar el mecanismo que le permita a los funerarios recoger ese cadáver en menos tiempo posible, sin que incluya ningún tipo de penalidad”, dijo la funcionaria.
Recordó que la ley faculta al ICF a cremar un cadáver si tiene más de diez días en el Instituto, independientemente de si ha sido identificado o no. “Nuestro deseo es que la persona fallecida se reúna con su familia”, subrayó Conde Miller.
En la misma audiencia pública, Jessika Correa, jefa de los fiscales interina del departamento de Justicia, señaló que ya se están tomando medidas ante el reclamo de la directora ejecutiva del ICF sobre la acumulación de cadáveres en el ICF. Informó que Justicia, junto con el departamento de Salud y el ICF han participado en una serie de reuniones para abordar esta situación en el Instituto.
“Luego de estas reuniones se acordó que cuando sobreviniere una muerte en un hospital, antes de activar a un fiscal para que emita una boleta refiriendo a un cadáver al ICF, el personal del hospital debe completar un formulario con información del fallecido”, señaló Correa. Añadió que si el médico entiende que es una muerte natural no tiene que llenar el mencionado formulario.
