Una mujer sentada en una silla con la cabeza inclinada, transmitiendo una sensación de introspección o peso emocional.
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La salud mental en Puerto Rico atraviesa una etapa crítica, con servicios fragmentados, alzas en el consumo de sustancias y dificultades persistentes para acceder a atención especializada.

A esta ecuación se suman otros desafíos, como un alza en el trastorno de ansiedad y depresión, especialmente después de eventos como la crisis económica en Puerto Rico que generó una declaración de quiebra en el 2017, el huracán María que atravesó la isla ese mismo año, la pandemia de COVID-19 y el terremoto ocurrido en enero del 2020, entre otros acontecimientos que han dejado huella en el estado emocional colectivo.

Otro de los mayores retos es la falta de información actualizada. El último estudio de prevalencia en salud mental en Puerto Rico se realizó hace casi una década. Expertos advierten que la carencia de documentación reciente representa un importante obstáculo para diseñar políticas públicas eficaces y orientadas a las necesidades reales de la población, por lo cual los datos disponibles se circunscriben principalmente al ámbito clínico, dejando fuera una visión integral del panorama de salud mental a nivel de toda la isla.

Para el 2016, el 7.3 % de los adultos de 18 a 64 años cumplía con los criterios para una enfermedad mental grave, lo que implicaba un estimado de 165,497 personas en necesidad de servicios de salud mental.

“Se estimaba que 25 % de la población, en algún momento de sus vidas, va a necesitar atención para una condición de salud mental. Pero todo el mundo entiende que, por el alza en la búsqueda de servicios de salud mental, la necesidad de tratamiento debe ser mayor”, dijo la doctora Karen Martínez, directora y catedrática asociada del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR).

Dra. Karen Martínez, directora y catedrática asociada del Departamento de Psiquiatría del RCM-UPR
Dra. Karen Martínez, directora y catedrática asociada del Departamento de Psiquiatría del RCM-UPR

Basado en la experiencia clínica, sostuvo, el trastorno de ansiedad es la condición mental más común, pero los depresivos provocan que más personas busquen tratamiento, especialmente mujeres. Según el estudio del 2016 que encomendó la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y estuvo dirigido por la doctora Glorisa Canino, los trastornos de ansiedad, como ansiedad generalizada, pánico, fobia social y agorafobia, son los más comunes en el país, afectando a ese momento al 12.5 % de los adultos de 18 a 64 años. En segundo renglón destacaban los trastornos del estado de ánimo, afectando al 10.4 % del mismo sector poblacional. Mientras, uno de cada 10 adultos (9.7 %) padecía de un trastorno depresivo mayor.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 970 millones de personas viven con alguna condición de salud mental y/o trastorno por uso de sustancias. La depresión afecta a más de 300 millones, y la ansiedad a 284 millones. Y el suicidio fue la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años para el 2021.

Menos suicidios, pero más llamadas de ayuda

Un informe que la Comisión para la Prevención del Suicidio, del Departamento de Salud, publicó el pasado mes de julio refleja una reducción general en los suicidios reportados en Puerto Rico desde el 2015, con solo tres repuntes leves: en el 2017, tras el paso del huracán María; en el 2021, en plena pandemia de COVID-19; y el más reciente, hace dos años. En todos los casos, las cifras descendieron nuevamente en los años siguientes.

“Estos datos de suicidios son una buena radiografía de la salud mental, lo que queremos evitar”, indicó Martínez, quien también dirige el Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad.

El promedio anual de suicidios registrados, para el periodo de 2020 a 2024, fue de 220. Mientras, este año, hasta el mes de abril se habían registrado 54. Según el perfil identificado del 2021 al 2025, la mayoría han sido hombres, principalmente de las regiones Metro, Caguas, Bayamón, Ponce y Arecibo.

“Consistentemente en Puerto Rico ha ido bajando a unos 200 suicidios al año, pero queremos llegar a cero porque uno ya es demasiado. Hay que resaltar también que a nivel mundial la tasa de suicidios ha aumentado y aquí en Puerto Rico ha bajado en los últimos diez años, a pesar de todos los eventos estresantes que han pasado”, agregó la psiquiatra especialista en niños y adolescentes.

Sin embargo, el aumento constante en las llamadas a la Línea PAS (1-800-981-0023) sugiere un nivel de malestar psicológico más amplio en la población. En el 2021 se registraron 238,338 llamadas, cifra que desde entonces ha ido subiendo hasta cerrar el año pasado con 444,000 y comenzar el 2025 con 44,000 llamadas en enero. El Programa de Ayuda Psicosocial (PAS), del Departamento de Salud, es un servicio de apoyo emocional y prevención del suicidio que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“La gente está buscando más ayuda, parece que las campañas desde la Comisión para la Prevención del Suicidio están generando resultados. Sí, preocupa la necesidad de servicios, pero también hay un factor protector de no llegar a esas consecuencias fatales de suicidio”, comentó Martínez.

Múltiples retos

A este escenario se suma la reducción de fondos federales para investigación científica, lo que ha limitado el desarrollo de estudios sobre salud mental y otras áreas críticas del conocimiento.

Expertos en este tema alertan sobre la falta de servicios ambulatorios, demoras en las citas a especialistas en salud mental y un sistema que no logra ofrecer atención interdisciplinaria basada en evidencia de forma accesible y sostenida. “Una de las cosas que más preocupa es que uno escucha ‘me siento mal, pero no encuentro ayuda’. El sistema de salud mental es difícil de navegar, está desarticulado. Muchos van a una hospitalización aguda o parcial, pero no hay respaldo ambulatorio luego”, denunció Martínez. “Entonces, no recuperan por completo. Dejan el tratamiento médico y llegan las recaídas”, lamentó. 

El doctor William Lugo, director médico del Hospital San Juan Capestrano, coincidió. “Las aseguradoras exigen que el paciente salga del hospital con una cita ambulatoria a un especialista en salud mental, pero casi no se consiguen. Muchas veces terminamos enviándolos a nuestras clínicas, a hospitalizaciones parciales”, indicó.

“No necesariamente, como subespecialista en salud mental, tengo espacio para darle una cita a un paciente hospitalizado, pero si el paciente tiene un proveedor, ¿por qué va a ir a otro donde consiga una fecha más cercana?”, sostuvo, por su parte, Martínez.

El acceso a servicios médicos basados en evidencia debe mejorar, resaltó al mencionar entre las posibles alternativas la creación de planes interdisciplinarios colaborativos, compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y consejeros, entre otros profesionales.

Sube el consumo de alcohol y sustancias

A esto se suma un repunte en el consumo de alcohol y sustancias, con un aumento preocupante en los casos de psicosis inducida por cannabis, informó Lugo. Las condiciones más comunes siguen siendo ansiedad y depresión, coincidió, pero también se reportan numerosos casos hospitalarios de trastornos psicóticos, como esquizofrenia y bipolaridad. Además, subrayó el hecho de que la ausencia de niveles intermedios de atención haya provocado que muchos de estos pacientes lleguen al sistema ya en estado de crisis.

Según datos del Observatorio de Salud Mental y Adicción de Puerto Rico, de la ASSMCA, a mediados del 2020 las admisiones por fentanilo comenzaron a aumentar. De solo cuatro admisiones en el segundo trimestre del 2020, las admisiones de este tipo estaban en 107 para el primer trimestre del 2023. Mientras, de menos de diez sobredosis durante cualquier trimestre del 2019, las asociadas a fentanilo aumentaron a 110 durante el primer trimestre del 2023.

De acuerdo con expertos en el tema, los trastornos mentales y de uso de sustancias suelen estar estrechamente correlacionados, lo que exige abordajes integrados.

Aunque la doctora Martínez subrayó que hay señales de mejoría, como la reducción en el tiempo promedio para conseguir una cita con un especialista en salud mental, el acceso sigue siendo desigual y lento para muchos pacientes. “Las citas han mejorado un poco. Antes podían tardarse de seis a ocho meses, pero ahora dicen que están en tres o cuatro meses”, dijo al mencionar la necesidad de crear más modelos innovadores y colaborativos de prestación de servicio.

Uno de los esfuerzos para evitar que el paciente en necesidad de este servicio de salud mental se quede desprovisto es que su médico primario lo atienda de forma inicial, en colaboración con un experto en salud mental. “Es una manera de no dejar a la gente esperando”, afirmó Martínez.

La dificultad de conseguir servicios a nivel pediátrico es peor, reconoció. Y mientras se plantea la necesidad de integrar la salud mental con la atención física en los hospitales generales, en la práctica este esfuerzo se dificulta, deploró. “En hospitales físicos muchas veces necesitan consultores en salud mental, pero entonces le dicen a uno que le consultes las tarifas al plan”, comentó Lugo.

Según el psiquiatra, las tarifas llevan años sin revisarse y son significativamente más bajas que las que ofrecen en Estados Unidos. Ante las tarifas congeladas por décadas -sin ajustes que consideren el aumento en el costo de vida o de operación- muchos especialistas optan por ofrecer servicios únicamente mediante pago directo, en efectivo. Este panorama, lamentó, ha reducido el acceso a servicios ya que no todos los pacientes cuentan con el dinero para pagar de su bolsillo.

Importante la atención primaria inicial

Actualmente, se estima que hay cerca de 150 psiquiatras en el país, de los cuales una cuarta parte está en edad cercana al retiro, advirtió Lugo. Aunque se han aumentado las plazas de Residencia en Psiquiatría, los profesionales que viajan al extranjero para completar subespecialidades, como Psiquiatría Forense, tienden a quedarse fuera del país, atraídos por mejores condiciones laborales y tarifas sustancialmente más altas, agregó.

Dra. Ligia Chávez, directora del Instituto de Ciencias de la Conducta del RCM-UPR.
Dra. Ligia Chávez, directora del Instituto de Ciencias de la Conducta del RCM-UPR.

En este escenario, los expertos coinciden en que es urgente fortalecer el rol de los médicos de atención primaria, para que puedan atender los primeros síntomas de condiciones de salud mental mientras el paciente logra acceder a un especialista. Igualmente, se destaca la necesidad de contar con una base de profesionales de salud mental en las escuelas públicas, como parte de un enfoque preventivo que permita detectar y atender situaciones desde edades tempranas.

Los profesionales del campo coinciden, además, en que urge una revisión profunda de la Ley 408 -que rige el marco legal de la salud mental en el país- para agilizar procesos, facilitar acceso y garantizar que los servicios ofrecidos estén alineados con prácticas clínicas basadas en evidencia.

En cuanto a los servicios para la población pediátrica, reconocieron que hay más dificultades de acceso, así como un aumento de ciertas condiciones, como depresión, ansiedad, problemas del neurodesarrollo, autismo y trastorno de déficit de atención.

Según datos de la Fundación Fields of Joy, se estima que uno de cada cinco menores entre tres y 17 años padece de algún trastorno emocional, conductual o de desarrollo, pero solo 20 % recibe atención profesional. Citando cifras de la ASSMCA, esta Fundación señala que se estima que 19.5 % de los adolescentes sufre de depresión, 8.7 % presenta problemas de ansiedad, 17.2 % ha experimentado ideas suicidas y 10.1 % ha intentado suicidarse. Mientras, los diagnósticos principales en menores de 18 años, según la ASSMCA, son: déficit de atención con hiperactividad con comorbilidades (32 %), trastornos relacionados con traumas y estrés (15.5 %), control de impulsos y de la conducta (11.4 %) y trastorno depresivo (11 %).

Dr. William Lugo, director médico del Hospital San Juan Capestrano.
Dr. William Lugo, director médico del Hospital San Juan Capestrano.

La doctora Martínez sugirió la creación de programas de salud mental en las escuelas. Por otra parte, anunció el reciente aumento de Residencias en los dos programas de Psiquiatría que hay en la isla (uno en el RCM y otro en Ponce Health Sciences University). En lugar de seis residentes, por año, ahora cada una de estas instituciones tendrá nueve residentes en cada uno de los cuatro años de esta formación médica.

Mientras, la doctora Ligia Chávez, directora del Instituto de Ciencias de la Conducta del RCM-UPR, indicó que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) dejaron de financiar estudios epidemiológicos básicos, lo que dificulta su financiamiento. Además, advirtió que se ha tornado más difícil que en años previos, conseguir participantes para estudios de esta naturaleza. Aun así, reconoció la necesidad de hacer estudios que ayuden a conocer la realidad actual de la salud mental en Puerto Rico.

Actualmente hay un estudio que se encuentra en proceso de análisis de datos y preparación de resultados para su publicación. Se trata del ‘Estudio sobre la salud mental y uso de sustancias en Puerto Rico: antes y después del huracán María (ESMAS-2), 2020-2023’. Con la doctora Glorisa Canino y Alex Ortega como investigadores principales, este estudio examina el desarrollo y la exacerbación de trastornos psiquiátricos y por uso de sustancias antes y después de un desastre natural, utilizando la misma muestra representativa de adultos en Puerto Rico del Estudio ESMAS 2014-2016.

Por lo pronto, datos sobre servicios ofrecidos en los programas de salud mental de la ASSMCA en el año fiscal 2022-2023 presentan un perfil sociodemográfico de los que fueron atendidos en ese momento. En ese período se atendieron 4,360 personas y se generaron 2,503 admisiones hospitalarias. La mayoría fueron varones (61.7 %), de 45 a 64 años, beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (78.1 %), que reportaron principalmente ideas suicidas (23.2 %), maltrato (17.7 %), intento suicida (13.9 %) y violencia doméstica (9 %).

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