El futuro de la cubierta de salud de 1,353,254 personas depende, en gran medida, de una decisión en manos del Congreso de Estados Unidos.
Esta cifra se compone de los 1,062,572 beneficiarios de Medicaid y los 290,682 de Medicare Platino, según datos hasta el 1 de julio 2026 de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
La posibilidad de un abismo fiscal para el programa Medicaid de Puerto Rico vuelve a asomar si no se renuevan o aumentan los fondos de la asignación federal asignada en el 2022 (unos $19.4 millones) que han sostenido el sistema durante los últimos cinco años y que culminan el 30 de septiembre del próximo año.
La difícil situación llevó al Gobierno y al sector de la salud a cerrar filas en un esfuerzo en conjunto para defender al principal programa de seguro médico del país, el que comprende 43 % de la población.
Más allá de los esfuerzos de cabildeo tradicional en Washington D.C., representantes de prácticamente todos los componentes del sistema de salud -hospitales, médicos, aseguradoras, farmacias, centros de salud primaria, otras facilidades de salud y funcionarios gubernamentales, entre otros- se reunieron recientemente para formalizar un frente común en defensa del Medicaid. El encuentro, que también contó con la asistencia de funcionarios federales, culminó con la firma de un memorando de entendimiento, compromiso que selló el acuerdo del grupo de hablar con una sola voz bajo un mismo mensaje, coordinando esfuerzos para reclamar al Congreso un financiamiento más robusto que garantice la continuidad del programa.
La iniciativa, encabezada por el gobierno local, parte de una premisa compartida por todos los participantes: la salud del país depende, en buena medida, de que Washington mantenga un trato más justo para Puerto Rico, cuya realidad económica y fiscal limita significativamente su capacidad para asumir una mayor proporción del costo del programa. Bajo la fórmula actual de financiamiento, la mayor parte de los recursos provienen del gobierno federal, dependencia que expertos consideran sumamente difícil o prácticamente imposible de sustituir con fondos locales.
“Este es el tema más importante del gobierno. No podemos permitir un ‘cliff’ (abismo) porque Puerto Rico no lo aguantaría. Esperamos lograrlo este año o el año que viene”, dijo el doctor Víctor Ramos, secretario de Salud, sobre el financiamiento al Medicaid para el 2027 y próximos años.
Sus expresiones surgieron durante el Health Policy Conference 2026 que se celebró en mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Al inicio del evento, el titular advirtió que hay programas federales que no aplican en Puerto Rico, a pesar de que serían de mucho beneficio para una población con muchos adultos mayores, como el del ‘Long Term Care’ y el ‘Supplemental Security Income’, entre otros.
Problema estructural
Durante la actividad, la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció que el país enfrenta un “problema estructural” amarrado a la Ley del Seguro Social de Estados Unidos (sección 1108) que limita la aportación o pareo federal por el costo de los servicios de Medicaid (FMAP) en Puerto Rico a un 55 %. De no haber un cambio en esta disposición, Puerto Rico corre el riesgo de perder unos $3,500 millones, advirtió la funcionaria. Cuando se termine la asignación especial el 30 de septiembre del 2027, el presupuesto federal asignado a la isla volvería a calcularse bajo su fórmula base, lo que bajaría el tope del financiamiento federal de entre unos $3,275 a $3,825 millones anuales a aproximadamente unos $500 millones al año. “El caso de Puerto Rico es único”, puntualizó González Colón.
Debido a eventos extraordinarios –como los huracanes Irma y María y luego la pandemia de COVID-19- se había elevado el pareo federal de forma temporera, primero a 100 % y luego a 76 %, recordó la primera ejecutiva del país, quien advirtió que como el 40.50 % de la población vive bajo el nivel federal de pobreza, la cantidad de personas en Puerto Rico que dependen de una cubierta médica gubernamental es mayor que el resto de Estados Unidos, donde el promedio de personas cubiertas por Medicaid ronda el 20.40 %, mientras, en promedio, el nivel de pobreza allá es de un 12.50%.
El perfil de la población local también abona a la situación, sostuvo al resaltar el alto crecimiento de la población de adultos mayores, la baja en la tasa de nacimientos y la migración de adultos en edades productivas. La población envejeciente, advirtió, seguirá aumentando la demanda de servicios de salud para este sector. Además, señaló, se estima que el 60 a 70% de la población tiene, al menos, una condición crónica de salud, con una prevalencia de diabetes, hipertensión y asma más alta que el promedio de Estados Unidos.
De materializarse el llamado abismo fiscal, entre 700,000 y un millón de personas podrían perder su cubierta médica, mientras la cantidad de personas sin seguro médico subiría de 5.7 % a 30 %, informó González Colón. Además, anticipó que esto produciría 48,800 pérdidas de empleos relacionados a la industria de la salud, además de un aumento a la emigración a Estados Unidos, donde advirtió los servicios de salud son más caros, por lo cual le costaría más al gobierno federal asumir ese incremento en la demanda de servicios.
La gobernadora anunció que la petición que le harán al Congreso será una asignación de $4,415 millones a partir del 2028, con aumentos anuales del 5 % ($220 millones) para mantener la cobertura actual. Esto, junto a un pareo federal permanente de 83 %.
“Este es el tema más importante del gobierno. No podemos permitir un ‘cliff’ (abismo) porque Puerto Rico no lo aguantaría. Esperamos lograrlo este año o el año que viene”
Dr. Víctor Ramos
Por su parte, el licenciado Carlos Santiago, director de la ASES y de la Oficina de Medicaid de Puerto Rico, recordó que la orden ejecutiva 2026-006, firmada por la gobernadora el pasado 5 de febrero, establece la creación de un grupo de trabajo multisectorial “para garantizar el financiamiento justo e igualitario de los programas federales de salud”.
Entre los retos que se deben trabajar, el funcionario mencionó: que se logre una mayor aportación federal al programa Medicaid, que a nivel local se siga trabajando en detener el fraude y el abuso, tratar de evitar que el gobierno federal siga limitando los fondos asignados a la isla y seguir trabajando en iniciativas que ayuden a la retención de médicos y otros profesionales de la salud.
Dentro de los reclamos en los que trabaja el grupo, el licenciado Santiago puntualizó que, además de trabajar para que se aumente el FMAP, se busca eliminar el tope, de modo que no haya un límite máximo de dinero para el programa Medicaid de Puerto Rico.
Cuenta regresiva
Durante la actividad, se realizó un panel con varios representantes de la salud en el cual expresaron cuál había sido el impacto de la histórica asignación federal asignada en el 2022 sobre distintos sectores de la industria. El reclamo fue que, aunque se logró cumplir con el aumento en las tarifas de Medicare (‘fee schedule’), se mejoró el acceso a los servicios y se gestionó la implantación de otros cambios, para poder cumplir con todos los servicios la cantidad asignada “ya no es suficiente”.
“Queremos que la gente se quede en Puerto Rico y tenga los servicios de salud que se merecen”, dijo la licenciada Solange De Lahongrais, presidenta de MMM Medicaid/MMM Multihealth.
De no lograr una asignación federal similar o mayor al programa Medicaid, muchos servicios multidisciplinarios podrían no estar disponibles, advirtió la doctora Gloria Amador, presidenta y directora ejecutiva de Salud Integral en la Montaña.
“Más del 50 % de los hospitales depende de fondos Medicaid y programas de salud del gobierno”, indicó, por su parte, la licenciada Marta Rivera Plaza, de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, advirtió la importancia de que el gobierno sea “la voz principal” del mensaje que lleve la industria de salud para lograr los fondos federales necesarios que eviten el abismo fiscal de Medicaid.
“Sería una debacle social y una crisis humanitaria. Debemos poner todo nuestro empeño para que eso no ocurra”, coincidió el doctor Edgardo Rosario, presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico.
El panel también se expresó sobre lo que significaría regresar a un FMAP de 55 %. La licenciada Ayala opinó que sería “devastador” el tener que alterar el presupuesto general ya balanceado para encontrar fondos estatales adicionales para el programa Medicaid. El efecto de una posible limitación presupuestaría podría ser el quitarle servicios a los pacientes y la posible quiebra de proveedores de salud.
La situación podría provocar una mayor migración de personas buscando servicios médicos en otros lugares de Estados Unidos, lo que encarecería los costos allá, dijo por su parte De Lahongrais.
La licenciada Rivera Plaza coincidió en que sería “un desastre”, especialmente para los hospitales que ya luchan con una serie de retos, como la fuga de médicos y el aumento en costos que representan los adelantos de la tecnología, entre otros.
Durante la actividad, el comisionado residente, Pablo José Hernández, resaltó la importancia de trabajar este asunto “más allá de líneas partidistas”. Advirtió que hay congresistas que conocen la situación y tienen la intención de ayudar. Reconoció que urge legislación del Congreso y coincidió en que una solución permanente sería lo ideal para evitar la continua incertidumbre sobre el financiamiento federal al programa Medicaid de Puerto Rico. Advirtió que le corresponde a Salud y ASES emitir información que demuestre el cumplimiento local en programas federales. En su opinión, dijo, éste será un tema que, independientemente de los esfuerzos de cabildeo, el Congreso probablemente decida “a última hora”.
Por su parte, el secretario de Salud reconoció que hay muchos congresistas y empleados nuevos en el Congreso, por lo cual urge reforzar en ellos el cabildeo y educación del tema. Aunque reiteró su confianza en lograr el financiamiento necesario, admitió que hay un plan B, si ocurriera el abismo fiscal de Medicaid, en el cual los actuarios tendrían que identificar alternativas ante el posible impacto sobre el presupuesto del país. Mientras, dijo, la Junta de Control Fiscal tendría que pedir una reserva con la suma de los $1,800 millones que requiere el programa Medicaid.
